En un reciente estudio, Venezuela ha obtenido la peor calificación en términos de libertad económica. CEDICE LIBERTAD ha auditado ese reporte y propone soluciones
El canadiense Fraser Institute publica anualmente un índice de libertad económica, el cual evalúa, para 159 países, un total de 42 variables de desempeño económico e institucional, incorporando las siguientes cinco esferas: 1) Tamaño del Gobierno; 2) Sistema Legal y Derechos de Propiedad; 3) Estabilidad Monetaria; 4) Libertad de Comercio Internacional; y 5) los siguientes tres ámbitos de Regulación: Mercado Crediticio; Laboral y Negocios. Cada variable es evaluada en un índice cuyo valor máximo es 7 e incorpora diversas fuentes de datos, entre ellas: el reporte Doing Business del Banco Mundial, que considera 189 países, y el reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial, en el cual se evalúan 138 naciones.
Venezuela obtiene el peor resultado, en la versión más reciente de este Índice de Libertad Económica (1), con calificación de 3,3. La brecha es considerable respecto al país con mayor libertad económica: Hong Kong (índice: 9). En Latinoamérica, Chile, tiene el mayor índice: 7,8.
¿Por qué es importante la libertad económica? Está correlacionada con mejores resultados en términos de nivel de ingresos y calidad de vida para la población. Los ciudadanos y empresas económicamente libres tienen protección institucional de sus derechos de propiedad, toman decisiones en entorno de precios estables, intercambian bienes y servicios con otros países, además de contar con entorno regulatorio ágil para registrar negocios, pagar impuestos y contratar personal.
Desde CEDICE LIBERTAD, con el apoyo financiero de Atlas Network, hemos hecho una auditoría de este informe, variable a variable, revisando las fuentes empleadas y actualizándolas – el Fraser Institute incorpora datos a cierre de 2014. Adicionalmente, para enriquecer la información cuantitativa, se ha reunido durante la última semana de Julio de 2016 a 108 personas, representantes de 48 organizaciones distintas, en siete mesas de trabajo específicas para cada uno de los cinco ámbitos evaluados en el reporte.
La heterogeneidad de los participantes añadió información cualitativa y propuestas de políticas públicas. Hubo presencia de académicos, empresarios, políticos, estudiantes y profesores universitarios, investigadores, representantes del sector público y voceros de varias organizaciones civiles -trabajadores, emprendedores, propietarios. Adicionalmente, Fred McMahon, investigador del Fraser Institute, participó en las siete jornadas, explicando la metodología aplicada por el Índice de Libertad Económica y recibiendo retroalimentación directa de los ciudadanos venezolanos sobre las restricciones cotidianas que confrontan en sus actividades y decisiones económicas. Entre los expositores, estuvo un ciudadano cuya empresa – un taller mecánico con estacionamiento- fue expropiada por el Gobierno hace cinco años, sin haberle dado aún indemnización alguna. También intervino una exfuncionaria del Ministerio del Ambiente, despedida hace un año y sin un proceso administrativo transparente. En igual situación están otros 1.500 antiguos servidores públicos de ese Ministerio y todos ellos comparten un rasgo: son desafectos a los partidos políticos del Gobierno.
La investigación confirma que Venezuela tiene tres trabas significativas para la libertad económica: el control de precios, la inamovilidad laboral y el control de tipo de cambio.
El control de los precios promueve el irrespeto a los derechos de propiedad, ya que viabiliza las intervenciones arbitrarias para cerrar, confiscar y multar a las empresas. En 2015, 28.000 empresas venezolanas tuvieron que cerrar por este tipo de actuaciones administrativas y en 2016 ya van más de 19.000 fiscalizaciones a comercios (http://www.paisdepropietarios.org/) En lugar de optimizar sus costos y procesos, las empresas se ocupan de sobrevivir a esta interferencia oficial cotidiana. No hay juzgados especializados en propiedad privada, y por tanto ninguna orden judicial soporta las intervenciones de organismos administrativos (por ej.: Superintendencia de Precios Justos, SUNDDE), ni hay defensa para el afectado. El resultado es la escasez y encarecimiento de los bienes y servicios fundamentales. Según estimados del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, CENDA, en junio de 2016, un hogar con dos salarios mínimos de ingreso sólo podía adquirir el 8,24% de la canasta básica, de la cual escasea el 41,3% de los artículos.
La inamovilidad laboral, que incorpora por decreto a todos los trabajadores, se añade a las restricciones que coloca la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y a la ausencia de juzgados laborales especializados. Al cierre de 2016, Venezuela tiene un desempleo masculino de 6,5% y femenino de 7,7% -media general 7,1% (CEPAL, 2016), estadísticas que serían aún superiores de no ser por el sector público, que tiene empleados a 3 millones de los 14 millones de trabajadores en el país. Adicionalmente, las trabas regulatorias explican que 5 millones de estos asalariados estén en la economía informal (economía sumergida).
El control de cambios es la principal traba para el comercio internacional, dificultando el acceso a divisas y la importación de bienes escasos como son alimentos y medicinas. La competitividad del sector exportador también se ha restringido como resultado del control de precios y por la negociación esencialmente ideológica de los acuerdos comerciales venezolanos. Este posicionamiento diplomático condujo a que Venezuela abandonase la Comunidad Andina de Naciones y el G-3, mercados importadores de sus productos agropecuarios. Se habrían perdido 150.000 empleos, especialmente en PYMES, por estas rupturas de alianzas comerciales.
Hay otros obstáculos burocráticos para la actividad empresarial. Demora 230 días abrir una empresa en Venezuela y se requieren 792 horas anuales para cumplir todos los pagos de impuestos, los cuales consumen 64,7% del beneficio empresarial (Doing Business 2016).
El desorden en política fiscal explica en gran medida el desajuste en política monetaria, dado que el Banco Central está financiando al Gobierno: el 24% del gasto de consumo nacional corresponde al sector público y los subsidios y transferencias representan 16% del PIB.
¿Cómo corregir estas restricciones a la libertad económica? Nuestras propuestas, tras el análisis de las variables y compilar las iniciativas de las mesas de trabajo, se han orientado hacia el pragmatismo, alejándonos de fines partidistas. Las mejoras con mayor impacto social y menor costo de implementación son el desmontaje, o al menos la flexibilización, de los controles sobre precios y compraventa de divisas. Es mucho más oneroso sostenerlos y fiscalizarlos. Es apegado a los hechos reconocer que estos controles ya no funcionan, promueven corrupción y generan inestabilidad social.
Entre las medidas institucionales inmediatas está el establecimiento de tribunales especializados en materia de propiedad privada y derecho del trabajo. La discrecionalidad con la cual operan actualmente las autoridades de fiscalización no cumple con los propósitos de eficiencia y equidad correspondientes a la justicia social. Adicionalmente, los negocios, inmuebles y suelos expropiados pueden devolverse a sus dueños o privatizarse, aliviando las finanzas públicas. Hay un inventario de 6 millones de m2 expropiados y en los últimos 15 años se ha sometido a arbitraje internacional un total de 15.000 millones de dólares en activos venezolanos nacionalizados.
Adicionalmente, el desorden en política monetaria y la hiperinflación resultante reclaman que se adopte una referencia estable para política monetaria, lo que en economía se llama un “ancla nominal”. La inflación esperada para el año 2016 es de 720% para 2016 y de 2.200% para 2017 (FMI, octubre 2016). El gobierno viene trabajando desde 2003 con un tipo de cambio fijo, establecido sin ninguna referencia respecto al valor de mercado de la moneda. El resultado ha sido la escasez de dólares para el comercio internacional. Se puede optar por dos líneas correctivas de acción. La primera es creer aún en un Banco Central que opere de manera independiente, que tenga restricciones constitucionales para financiar el déficit fiscal y que operativamente se comprometa con un objetivo de inflación. Para los más escépticos sobre esta posibilidad, una alternativa es la llamada dolarización, mediante la cual se operaría en una economía cuyo referente monetario sea el dólar estadounidense o una cesta de monedas internacionales menos volátiles.
En la cotidianidad empresarial hay oportunidades inmediatas de mejora si se agiliza la función de registro mercantil en notarías especializadas, ya que actualmente se demora 34 días en registrar una empresa nueva. Adicionalmente, se puede reducir el tiempo que hoy demora la formalización de empresas ante la Seguridad Social - 130 días (Doing Business, 2016). Por otra parte, una “Ventanilla Única de Exportación/Importación” es un canal inmediato para colocar en una sola plataforma electrónica todos los documentos relacionados con comercio internacional y pagar allí las tasas/aranceles correspondientes. En Colombia ya está operando este sistema (2)
En el mercado laboral se puede retomar una visión regulatoria tripartita, considerando a los Trabajadores, el Gobierno y los Empresarios. Actualmente el Gobierno es el principal empleador de la economía, el árbitro de la legislación laboral y ha establecido un marco regulatorio altamente ideológico. Por motivos partidistas se desconsideraron los avances hechos hasta 1997, cuando ya se habían aprobado los fondos de pensiones de capitación individual.
La operativa bancaria se ha dificultado con el sistema de “gavetas”, el cual asigna de modo mandatorio crédito a ciertos sectores – agrícola, turismo…- a tasas de interés preferentes, artificialmente bajas. Durante las jornadas de trabajo se mencionaron los riesgos de corrupción asociados a esta práctica. Adicionalmente, el sector bancario oficial incluye 11 instituciones, con 33% de los depósitos del público y 16.000 empleados. Se puede mejorar las finanzas públicas si estos bancos son privatizados, evitando así interferencia política y fondeo discrecional al Gobierno.
Los “subsidios condicionados” (conditional cash transfers), sobre los cuales hemos conducido una investigación en CEDICE LIBERTAD durante 2014-2015, son una alternativa eficiente y equitativa a las actuales “Misiones” de ayuda social. En México, Colombia, Perú y otras naciones latinoamericanas se viene operando con ayudas directas a las familias cuyos hijos asistan a la escuela y a los controles pediátricos. Este tipo de medida favorece la acumulación de capital humano en los hogares beneficiarios y cuenta con trazabilidad -las ayudas se depositan en cuentas bancarias y pueden ser auditadas-
En el reporte también se rescata la tesis Quirós/Monaldi, la cual propone que los venezolanos sean efectivamente propietarios de la industria petrolera estatal, reconociéndoseles acciones de la empresa PDVSA y colocándolas en fondos de inversión, con gestores especializados. Estos títulos pueden ser colateral para acceder a crédito y bienes meritorios como educación y salud.
La Venezuela petrolera es un caso de “maldición de los recursos naturales”, donde la riqueza mineral no se corresponde con prosperidad social compartida. Hay literatura abundante que propone soluciones institucionales para mejorar la calidad de vida en los países dependientes de recursos minerales e hidrocarburos. Las medidas incluyen: renunciar a un objetivo de tipo de cambio fijo en la política monetaria; promover la competencia privada en el sector exportador e implementar fondos de estabilización (fondos soberanos), que ahorren excedentes de renta durante períodos de precios altos y los destinen a gasto social al confirmar que se interrumpe el ciclo alcista (Venezuela no tomó esta precaución y de allí el efecto de la caída en precio de hidrocarburos, desde Junio de 2014). Un buen resumen de estos arreglos institucionales es ofrecido por Jeffrey Frankel (3).
Desde luego, la mejor ayuda social es promover la libertad económica. Entre sus beneficiarios inmediatos estarán los más pobres, quienes carecen de dinero, contactos e influencias para acceder a los subsidios y favores oficiales. El mercado y la búsqueda de beneficios económicos son instituciones que pueden resolver mejor varios problemas venezolanos. Para ello han sido inútiles el intervencionismo estatal vigente desde 1960 y su epílogo socialista establecido desde 1999.
Estas seculares políticas venezolanas, que desconfían del ciudadano y su iniciativa económica, sólo han conseguido generar oportunismo y captura de rentas, promoviendo la desconfianza de los votantes respecto a la empresa privada. Al no estar expuestos a una auténtica economía de mercado, desde 1960, los venezolanos la confunden con el “capitalismo de compadres” (crony capitalism): los pingües beneficios que vienen obteniendo los amigos del gobierno, sus parientes y clientela política. Sólo una apertura mental e institucional puede corregir este círculo vicioso donde hay falta de cooperación social y apoyo electoral a mayor represión económica.
Es inquietante que los políticos venezolanos, incluso desde la Oposición al Gobierno, mantienen la sospecha respecto a los emprendedores de negocios, la competencia y la libertad personal para tomar decisiones económicas. Sus propuestas apenas cambian a los protagonistas de los controles y el tipo de intervención gubernamental. Un perspicaz responsable de políticas públicas se dará cuenta de algo que ya ha descubierto la mayoría de la población venezolana -tras sufrir inmensurables pérdidas humanas, materiales y de oportunidades-: el socialismo marxista y la represión económica no funcionan.
El reporte completo puede ser solicitado a CEDICE LIBERTAD, www.cedice.org.ve
(1) Ver: https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2016-annual-report
(2) Ver: http://www.vuce.gov.co/index!.php?id_menu=2
(3)FRANKEL, Jeffrey A. (Marzo 2010). The Natural Resource Course. A Survey. NBER Working Paper Series, Working Paper 15836. Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research