Desde octubre de 2017, la organización da cuenta de siete fallecimientos, mientras la escasez de inmunosupresores marca la pauta.
Lo mismo pasó con los niños del Servicio de Nefrología del J.M de Los Ríos, sobre el cual además pesa una medida cautelar de protección emanada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los padres de los afectados se encadenaron en las puertas del hospital exigiendo inmunosupresores y también se los prometieron a ellos.
Entre paliativos como estos, la situación empeora, tanto para trasplantados como para el grupo de los enfermos renales que dependen de máquinas de diálisis, un poco más de 17.000 en toda Venezuela. Huelga decir que desde que el Ministerio de Salud le quitó la procura de órganos provenientes de cadáveres a la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV) no se hace trasplante en el país. Ya se cumplió un año de esa medida.
De los 17.000 enfermos, si se hubiese continuado con el programa de trasplante, 10 % estarían con un nuevo órgano y otros 4000 estuvieran haciéndose los exámenes preoperatorios y pronto dejarían las unidades de diálisis ya colapsadas, esto según los cálculos de Lucila Velutini, miembro del Consejo Directivo de la ONTV.
Según Velutini 2013 y 2014 fueron muy buenos años en materia de injertos. “De 2017 no hay cifras oficiales y este año está en cero la tasa. Sabemos que se han realizado trasplantes de vivo a vivo, de hígado y de riñón. Los han hecho en los centros privados, las personas con sus propios recursos. Pero ahora hay un dilema, pues una vez hecha la operación el beneficiario necesita de por vida unos medicamentos específicos. No es que se lo toman una semana y luego dentro de un mes. Es diario y mientras esté vivo, de lo contrario, rechaza el órgano. Sin medicamentos eso es inevitable y es lo que está ocurriendo ahora”.
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