La situación de estas dos personas hay que analizarlas con la verdad por delante. En primer lugar hablemos de la capitana Luz Mariela Santafé Acevedo, quien como juez militar, y por instrucciones de Nicolás Maduro y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, proceso a mas de cien estudiantes civiles por participar en las manifestaciones pacíficas de 2017 en Venezuela y los envió a cárceles de alta peligrosidad donde fueron torturados y hasta violados, negándose siempre a recibir las denuncias de los familiares. Muchos de estos presos políticos o sus familiares forman parte del informe que elaboraron los técnicos nombrados por el secretario General de la OEA, Luis Almagro, que fue enviado a la Corte Penal Internacional.

Igualmente esta jueza, que ahora se quiere declarar como refugiada culpando a la crisis humanitaria que ella misma ayudó a crear, también fue el verdugo cuando sin ninguna prueba solida presentada por el ministerio público, y desechando las presentadas por la defensa envió a una cárcel de máxima seguridad al diputado Gilbert Caro, violando su inmunidad parlamentaria establecida en la Constitución Nacional y sus derechos humanos como civil, de donde salió con trastornos mentales producto de las torturas, vejaciones y aislamientos a los que fue sometido durante un año. Donde nunca le permitieron visitas familiares ni de sus abogados defensores.

Por estas actuaciones y servicios prestados al régimen por la capitana Luz Mariela Santafé Acevedo, en su oportunidad se especuló que presuntamente recibió una alta suma de dinero en billetes verdes de los gringos y otros regalos como carro y vivienda para ella y su familia. Esos regalos presuntamente recibidos no se gastan tan fácilmente, especialmente los verdes que rinde mucho en una cuenta de ahorros al 2.5 por ciento en cualquier banco extranjero. Por eso es inexplicable que haya llegado a Colombia haciéndose pasar como refugiada entre la diáspora que huye de la crisis humanitaria de Venezuela.

Vamos ahora con Marcos Hernández. Este se enchufó en la dictadura desde el mismo momento que el intergaláctico llegó al poder, disfrutando de todas mieles que bondadosamente regala la peste roja a sus incondicionales. Este individuo por instrucciones del intergaláctico y con la fachada de ONG creo una organización que bautizó como “periodista por la verdad, con el propósito de dividir al Colegio Nacional de Periodistas que existe de acuerdo a la ley de ejercicio del periodismo. Esa organización pirata se encargó de investigar a los periodistas que trabajaban en la administración pública que no estaban de acuerdo con el régimen e inmediatamente ordenaba que los despidieran sin fórmulas de juicios.

Luego este individuo paso a ocupar el segundo cargo de importancia en Conatel, desde donde se encargó de perseguir a las emisoras que divulgaban noticias incomodas al régimen para sancionarlas y hasta sacarlas del aire con la revocatoria de la concesión con el robo de equipos incluido. En ambos cargos Marcos Hernández, que ahora se quiere hacer pasar como refugiado en Colombia, por los servicios prestados al régimen, presuntamente recibió ciertos beneficios que le pueden permitir vivir bien en cualquier país del mundo, por eso tampoco entendemos que haya llegado a Colombia diciendo que no tiene ni un cuero seco donde caerse muerto.

Estos dos “personajes” al tratar de mezclarse con la diáspora que si sufre y padece la crisis, lo que buscan sin ninguna duda, es tratar de evadir las responsabilidades que pudieran tener por violaciones de Derechos Humanos cometidos contra los venezolanos. Ambos que hicieron tanto daño, que no pueden decir que esa vaina es una mentira porque el daño está a la vista, y que quienes fueron víctimas todavía sufren en las cárceles como presos políticos o en libertad tienen las huellas muy marcadas por el sufrimiento vivido en el terror, o quienes eran propietarios de emisoras y ya no la tienen, o los periodistas que perdieron sus empleos, merecen justicia. Asi de simple.

En ese sentido, de acuerdo al derecho internacional quienes hayan violados derechos humanos o sean cómplices, no pueden gozar del estatus de refugiado. El gobierno de Iván Duque tiene el balón en su terreno para no permitir que haya impunidad.

Gerónimo Figueroa Figuera  CNP: 569

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