Waleswka Pérez, esposa de Acosta Arévalo, denunció el procedimiento "ilegal", que se produjo tras 12 días de espera y en los cuales el cadáver del militar permaneció en la morgue de Caracas.
"Denuncio el procedimiento ilegal que está haciendo la morgue de Bello Monte, donde harían una entrega controlada del cuerpo de mi esposo, así como hicieron con Oscar Pérez (agente rebelde abatido por cuerpos de seguridad en enero del año pasado", dijo en un vídeo publicado en su red social Twitter. Asimismo, Alonso Medina Roa, abogado del militar y directivo de la Coalición por los derechos humanos y la democracia, fustigó el procedimiento que a su juicio "podría interpretarse como una acción de cobardía e irrespeto a la familia del capitán y a la sociedad en general".
Indicó que el cuerpo de Acosta Arévalo fue reconocido por una de sus hermanas y "entregado al Estado" por orden de un tribunal.
Además, expresó que según la autopsia la causa de la muerte fue "politraumatismo generalizado". "Es el Estado quien lo está enterrando. Es una inhumación controlada, eso se puede interpretar como que las autoridades gubernamentales como 'yo la maté, yo lo entierro, algo así (...) La causa de la muerte refleja la realidad con lo ocurrido", dijo.
En este sentido destacó que se acata la decisión porque no hay otra opción, pero "la familia expresa su inconformidad", porque deseaban realizar los actos fúnebres en Maracay, estado Aragua (centro).
Igualmente, la diputada Delsa Solórzano criticó "esta terrible práctica que se ha venido de alguna manera consolidando en todos los casos como este".
"Cuando creemos que ya han llegado al clímax de la violación de los DDHH, te sorprenden con más. Ahora no sólo te secuestran vivo, sino también muerto", enfatizó.
La sepultura de Acosta Arévalo (50 años) acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de participar en un presunto plan golpista y magnicidio, se realizó bajo fuertes medidas de seguridad. Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana, tomaron los accesos al camposanto e incluso bloquearon el ingreso a los medios de comunicación.
El militar detenido el pasado 21 de junio, entre Guarenas y Guatire, en el estado Miranda, vecino a Caracas, murió ocho días después en el Hospitalito del Fuerte Tiuna, principal instalación militar venezolana, como consecuencia de presuntas torturas que le habrían infligido en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), denunció su abogado y familiares.
De acuerdo con fragmentos del acta de defunción divulgada por medios locales, el capitán tenía "dieciséis costillas, el tabique nasal y un pie roto; excoriaciones en hombros, codos y rodillas; hematomas en los abductores, lesiones similares a latigazos en la espalda y signos de pequeñas quemaduras en ambos pies, que se presumen de electrocución".
Las autoridades detuvieron por la muerte de Acosta Arévalo al sargento Estiben Zárate y al teniente Ascanio Antonio Tarascio de la Guardia Nacional que trabajaban en el ente de inteligencia militar.
Ambos funcionarios fueron imputados por la Fiscalía General por el delito de "homicidio preterintencional" y se estableció como lugar de reclusión la sede de ese organismo. (ANSA).
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