La investigación, expuesta por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destaca que los mineros de la zona «están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia» por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como «sindicatos».

«A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería», subrayó Bachelet.

El informe indica que esos «sindicatos» aplican castigos crueles a quienes infringen las reglas que ellos imponen y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección.

El informe también detalla las pésimas condiciones de vida de muchos de los mineros, en su mayoría procedentes de otras regiones venezolanas y empujados a emigrar por la crisis económica en el país.

Trabajan en turnos de 12 horas, descendiendo a los pozos sin protección alguna, y están obligados a pagar entre el 10 y el 20 % de lo que obtienen a los grupos criminales, a lo que debe sumarse hasta un 30 % para los propietarios de molinos donde se trituran las rocas para extraer minerales.

Los mineros allí viven en zonas sin agua corriente, electricidad o servicios sanitarios, donde se ha registrado un aumento de los casos de malaria no sólo entre inmigrantes sino también en comunidades indígenas locales.

El informe denuncia asimismo que niños, algunos menores de diez años, trabajan también en las minas, y que desde 2016 ha habido en la zona un fuerte aumento de la prostitución y la explotación sexual de mujeres.
Bachelet pidió a las autoridades venezolanas que tomen medidas para terminar con la explotación laboral y sexual, desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras, y castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

EFE