"Estas consideraciones procedimentales no detienen el procedimiento administrativo, se mantiene en cada una de las fases como lo señala el reglamento y ninguna de estas decisiones de índole de investigación detiene la marcha del proceso", dijo a periodistas el único de los cinco rectores que dirige el Poder Electoral venezolano que está vinculado con la oposición.

Con ello el funcionario se refirió a la apertura de una investigación anunciada este lunes por la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, sobre la posible usurpación de identidad que se pudo haber cometido en los primeros pasos de solicitud del referendo, reseña EFE.

En las declaraciones ofrecidas desde una de las sedes del CNE en Caracas, Rondón indicó que el Poder Electoral ya ha enviado información al Ministerio Público (MP) sobre "casos particulares" entre los que citó el uso de datos de fallecidos.

"Se están señalando casos, estamos en el establecimiento de responsabilidades individuales", agregó.

Estas irregularidades fueron detectadas entre un lote de firmas entregadas por los opositores como requisito para demostrar el respaldo a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para solicitar el referendo, que fueron sometidas a casi tres meses de rigurosas auditorías por parte del CNE.

El CNE confirmó este lunes que la alianza MUD cumplió la primera etapa para solicitar la activación del referendo que consistía justamente en la validación de al menos unas 200.000 firmas, el equivalente al 1% del padrón electoral.

Una vez que el CNE certifique por escrito el cumplimiento de este paso, los opositores solicitarán que se inicie la segunda fase, para la que se requiere la manifestación de apoyo del 20 % de los inscritos en el registro electoral venezolano, lo que equivale a unos 4 millones de votantes.

El anunció del Poder Electoral sobre la solicitud de las investigaciones por las supuestas irregularidades en el proceso fue dado a conocer horas después de que el chavismo introdujera un documento en el que explica que ha consignado ante distintos tribunales más de 6.000 demandas de ciudadanos particulares contra el revocatorio.