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Caracas. (Venezuela) - “Los diputados de Vente Venezuela jamás nos hemos reunido con Luis Florido para avalar el supuesto diálogo”, aclaró este jueves Luis Barragán en representación de la Fracción parlamentaria de ese partido en la Asamblea Nacional (AN).
El parlamentario explicó que no hay “ningún planteamiento serio” por parte del diputado Julio Borges a la fracción parlamentaria de Vente Venezuela acerca de un tema tan delicado como el diálogo.
“No admitimos diálogo o negociación, a menos que la condición sea la salida del régimen del poder”, reiteró el vocero del partido de la libertad.
Los diputados Juan Pablo García, Omar González, Carlos Bastardo y Luis Barragán enfatizaron que “la pretensión del diálogo inmediato e incondicional, en los términos ya conocidos por la opinión pública, constituye un acto de traición a la ciudadanía democrática”.
“La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, acierta plenamente al exigir un diálogo con las condiciones necesarias para la superación de la dictadura; abierto, transparente y representativo. Los voceros de una parte de la oposición no pueden comprometer al resto de la oposición democrática al diligenciarlo tan afanosamente”, sostuvieron los parlamentarios.
Indicaron los diputados la urgencia de reivindicar plenamente las atribuciones y funciones de la AN, a la cual no deben unilateralmente comprometer los partidos integrantes de la llamada Unidad.
La Fracción parlamentaria de Vente Venezuela cuestionó la llamada Ley Constitucional contra el Odio, aprobada recientemente por la “espuria constituyente”, calificándola de un instrumento revanchista orientado a confundir y a liquidar todo desacuerdo con un régimen que nos ha sumergido en una crisis humanitaria y en una quiebra económica aún de impredecibles consecuencias.
Señalaron que esa “ley de la felonía” pretende consagrar a la dictadura como el único árbitro de todo cuanto se dice y se hace en Venezuela, empleando una nomenclatura (ley constitucional) no sólo ajena a nuestra tradición jurídica, sino que revela la intención de dictar una constitución al detal de acuerdo a las inmediatas circunstancias y conveniencias del régimen, distorsionando la normativa legal vigente (como el artículo 286 del Código Penal) perfectamente aplicable a los personeros del régimen.
Los legisladores precisaron que una ley que tiene por origen una constituyente fraudulenta carece de todo valor. “Además, los generadores del inmenso odio y revanchismo que los caracteriza son los integrantes del régimen; son potenciales reos de un delito que nunca antes fue tan cínicamente perpetrado desde el poder”, finalizaron.
