El Parlamento Europeo reclamó este jueves ampliar las sanciones impuestas por la Unión Europea a altos cargos de Venezuela, incluido el presidente Nicolás Maduro, y condenó la expulsión del embajador español en Caracas, Jesús Silva.

La resolución de populares, liberales y conservadores y reformistas de la Eurocámara sobre la situación de Venezuela, que consiguió el apoyo, entre otros, de los socialdemócratas, fue aprobada por 480 votos a favor, 51 en contra y 70 abstenciones.

El texto considera “apropiadas” las sanciones ya aprobadas contra algunos dirigentes, pero apunta a que deberían ser “ampliadas” para los “principales responsables del incremento de la crisis política, social, económica y humanitaria” en Venezuela.

Asimismo, el texto llama a “explorar” incrementar las sanciones económicas y diplomáticas si la situación se deteriora y se nombra a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

El pasado 22 de enero la UE formalizó sanciones contra el “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno; y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol por la “represión” en Venezuela.

Asimismo, también están en la lista de sancionados por ahora el jefe del servicio de inteligencia, Gustavo González; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general, Tarek William Saab, y el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio José Benavides.

Más allá de las sanciones, el texto de los grupos conservadores y liberales del PE condena que la Asamblea Nacional Constituyente haya convocado unas elecciones en abril que consideran que no tienen las suficientes garantías.

En su lugar, reclamarán un “calendario electoral viable”.

Asimismo, se condena la expulsión del embajador español en Venezuela, Jesús Silva, tras la decisión unánime de los Estados miembros de la UE de imponer sanciones a siete cargos del régimen venezolano.

Condena además la expulsión del embajador de España en Caracas, Jesús Silva, quien fue declarado persona no grata, e insiste en que el gobierno de Venezuela debe reestablecer sus relaciones diplomáticas con el gobierno español. 

En cuanto a la crisis humanitaria y la represión, la Eurocámara le pide a la Corte Penal Internacional que “investigue las violaciones a los derechos cometidas por el régimen de Venezuela”. Esto con la colaboración de la Unión Europea.

Por último, reclaman poner fin a la violencia y a la crisis humanitaria en el país, exigen la liberación de los presos políticos, e insisten en el envío de una delegación del Europarlamento a Caracas.