En un contexto de tal gravedad es indispensable que el discurso y las acciones políticas de la dirigencia democrática estén dirigidos a informar correctamente a su nación y al mundo lo que realmente ocurre. No es lo mismo una crisis humanitaria que la comisión de genocidio y crímenes de lesa humanidad, previstos y sancionados en el Estatuto de Roma, en el primer caso las muertes por hambruna, enfermedad e inseguridad y el éxodo son consecuencia de una emergencia, de una calamidad o de situaciones ajenas a la voluntad del gobernante, en el segundo caso son el resultado de políticas públicas orientadas a crear ese contexto de muerte y depauperación o empobrecimiento extremo para el control total de la población por miedo, sufrimiento, hambre y enfermedad, entre otros, y en muchos casos el poder genocida, hambriento, codicioso, sin piedad, sin escrúpulos y sin moral, no conforme con haber saqueado todos los recursos de los que disponía su nación para desarrollarse y vivir con calidad de vida, insiste en mantener a la población depauperada, sin posibilidad alguna de recibir ayuda, al establecer controles para apropiarse, incluso, de las remesas e impedir el envío de medicinas, por parte de los familiares que se han visto forzados a emigrar bien por persecución o para salvarse y poder ayudar a sobrevivir a los familiares que se quedaron.
El ejercicio totalitario del poder transforma a los países en grandes campos de la muerte, donde la nación queda secuestrada sin posibilidad de decidir su destino, ya que las elecciones son farsas electorales, en las que la gente vota pero no elige. Cualquier acto contrario a los controles establecidos por el régimen o tendiente al rescate de la democracia es considerado como traición a la patria y castigado severamente, incluso con la muerte de quien se atreva a ejercer su derecho al disenso.
Algunas naciones han logrado liberarse del totalitarismo con el apoyo de la comunidad internacional, y, la intervención de los cuerpos armados internos que se suman al clamor popular para desalojar al estado-partido del poder; otras naciones en cambio, llevan años tratando de liberarse mediante protestas masivas en la calle; huelgas; votando y resistiéndose a votar en las elecciones no competitivas del régimen, según las circunstancias; y no lo han logrado porque las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado están totalmente corrompidos, infiltrados y controlados por el régimen, en cuyo caso, para detener el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y el éxodo de la población, sería indispensable que la comunidad internacional intervenga con una coalición militar para restablecer la democracia, justificados en su deber de preservar los derechos humanos y defender la democracia, dada la imposibilidad de la población civil de vencer al Estado-partido que usa todo su poder armado –cuerpos armados oficiales y paramilitares- e institucional –la ley y la justicia como instrumentos de represión- para neutralizar cualquier disidencia.