Según esta nueva Ley de Extinción de Dominio, el Gobierno vendería estos activos para financiar servicios públicos, infraestructura y programas sociales, recoge Reuters.

Es una “ley muy importante en la lucha contra la corrupción… Para que la impunidad no sea la moneda de uso común“, dijo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, tras la aprobación de la ley.

Desde marzo, la Fiscalía venezolana ha detenido a 61 personas, entre funcionarios y empresarios, por corrupción en Pdvsa y en empresas estatales de acero, hierro y aluminio, así como en una cartonera estatal.

Fuentes han dicho a Reuters que la ofensiva ha estado motivada en parte por la necesidad de dólares para mantener las políticas cambiarias y aumentar el gasto antes de las elecciones presidenciales de 2024.