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Giovedì, 04 Aprile 2024 15:50

Escándalo en Bari: compraban votos por 50 euros

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Tres de los arrestados por el escándalo de corrupción electoral en Apulia Tres de los arrestados por el escándalo de corrupción electoral en Apulia

Justicia procesa a varios funcionarios de la región de Apulia pr corrupción electoral. 

La justicia de Bari, en el sur de Italia, anunció haber desmantelado una organización que compraba votos en las elecciones, a 50 euros cada uno, y emitió al menos diez órdenes cautelares contra referentes políticos de la región por el delito de "asociación criminal destinada a la corrupción electoral".

El alcalde de la localidad de Triggiano, Antonio Donatelli, y Sandro Cataldo, marido de la concejal regional de Transportes Anita Maurodinoia, y representante del movimiento político Sur al Centro, fueron puestos bajo arresto domiciliario, mientras que Maurodinoia, del Partido Democrático, presentó su renuncia.

Son algunos de los acusados ;;de corrupción electoral en el ámbito de una investigación de la Dirección Distrital Antimafia sobre una presunta compra de votos para las elecciones municipales de Triggiano de 2021.

La investigación se inició tras el descubrimiento, el 6 de octubre de 2021, de fragmentos de fotocopias en un contenedor de basura de documentos de identidad y códigos fiscales.

Según trascendió, una asociación destinada a la corrupción electoral habría permitido comprar votos, al precio de 50 euros cada uno, en las elecciones administrativas de septiembre de 2020 en el municipio de Grumo Appula, y de octubre de 2021 en el municipio de Triggiano, todos en la provincia de Bari.

También habría formado parte de la asociación criminal destinada a la corrupción electoral el candidato a concejal de Grumo, Nicola Lella, que luego se convirtió en concejal de Seguridad y Policía Municipal y ahora fue detenido y encarcelado.

Entre las promesas a cambio del voto también estaba la de conseguir un trabajo.

El grupo recopilaba los datos personales de numerosos electores (nombre, apellidos, dirección, número de teléfono y sección electoral), incluyendo sus cédulas electorales, y creaba una base de datos. A cada uno de ellos se le debía pagar los 50 euros.

Cuando lo recibían, se colocaba un "ok" junto a su nombre. (ANSA)

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