La banda presidencial que Michel Temer usa desde mayo, cuando sustituyó a Rousseff suspendida debido al juicio político, será suya hasta el 1 de enero de 2019 si las dos terceras partes del Senado finalmente destituye a la mandataria en una última votación prevista para fines de este mes.

El pleno del Senado brasileño aprobó hoy por 59 votos a favor y 21 en contra un informe que pide continuar el juicio político contra la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, quien de esa manera queda a solamente un paso de su destitución.

La aprobación del informe, que acusa a la mandataria de graves irregularidades fiscales que llega a calificar de "atentado contra la Constitución", llevará a una nueva y última sesión del pleno del Senado, que deberá celebrarse a fines de este mismo mes.

En esa sesión, que será convocada por la Corte Suprema, Rousseff será despojada de su mandato si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos entre 81 posibles, lo que supone las dos terceras partes del pleno del Senado.

Si se llega al extremo de la destitución, el mandato que acaba el 1 de enero de 2019 será completado por Michel Temer, quien como vicepresidente sustituye a Rousseff desde el pasado 12 de mayo, cuando fue suspendida de sus funciones para responder al proceso.

A lo largo de los debates que se desarrollaron durante unas 16 horas, dirigidos por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, los defensores de Rousseff y los favorables a su destitución cruzaron duras palabras, pese a que fueron instados por el magistrado a despojarse de todas las "pasiones partidarias".

Uno de los más encendidos discursos lo pronunció el senador Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT), quien denunció el proceso como "un golpe, una farsa, y un fraude" a la Constitución, que atribuyó a la "elite económica" del país.

"Si quieren lucha de clases, estamos preparados para combatir en el Parlamento y en las calles de este país", proclamó el senador del PT.

Farias incluso apeló ante el presidente de la Corte Suprema a fin de que "suspenda" el trámite, al menos hasta que se aclare una sospecha de corrupción que la revista Veja vertió el pasado fin de semana contra Temer.

Según Veja, el empresario Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de prisión en primera instancia por las corruptelas en la petrolera estatal Petrobras, pactó un acuerdo de cooperación judicial con miras a una reducción de pena y acusó a Temer de haber recibido dinero "en negro".

La revista sostuvo que Odebrecht confesó que en 2014 se reunió con Temer y pactó una "donación" para campañas electorales de diez millones de reales (3,1 millones de dólares).

Ese dinero, según la versión de Veja, tenía origen en la red de corrupción que operó en Petrobras y Temer supuestamente estuvo al tanto de eso, lo que no le impidió aceptar la "donación".

Lewandowski, sin embargo, descartó la solicitud del senador del PT y argumentó, desde el punto de vista jurídico, que las sospechas contra Temer "son ajenas" a lo que el Senado discute y no pueden "confundirse" con el juicio al que responde la mandataria.

Aupada por Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma llegó a la Presidencia de Brasil en 2011.

En su primer período fue dura con la corrupción y castigó toda sospecha, al punto de que en sus primeros doce meses no le tembló el pulso para destituir a siete ministros salpicados por denuncias.

En junio de 2013 la sorprendieron unas de las mayores protestas de la historia del país, cuando millones de personas tomaron las calles para protestar por los pésimos servicios públicos, justo un año antes de que Brasil acogiera el Mundial de fútbol.

Desde entonces, Brasil entró en ebullición y Rousseff comenzó a derrumbarse, aunque logró ser reelegida en 2014.

El Congreso investiga si incurrió en un “crimen de responsabilidad” al aumentar el gasto público durante la campaña electoral para su ratificación en 2014, sin contar con el visto bueno del Parlamento, tal y como exige la legislación brasileña.

Mientras sus detractores la acusan de violar la Constitución, la mandataria denuncia que es víctima de un «golpe» orquestado por la centro-derecha para tomar el poder sin acudir a las urnas.