En un comunicado difundido hoy, con motivo del inicio de la evaluación al Estado en materia de Derechos Civiles y Políticos, las agrupaciones reconocieron que en los últimos años las autoridades han aprobado instrumentos y reformas legales que se encuentran en sintonía con los instrumentos internacionales de derechos fundamentales. No obstante, afirmaron que las mismas no han venido acompañadas por acciones que permitan materializarlas.
“El Estado no ha cumplido con su obligación jurídica internacional de proteger los Derechos Civiles y Políticos y se siguen cometiendo graves violaciones a los Derechos Humanos”, afirmaron al tiempo que pusieron como ejemplo que “persisten las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, tortura y otros malos tratos y detenciones arbitrarias; así como los ataques y hostigamiento contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y aquellos que son críticos de las autoridades“.
El Ministerio Público reconoció que entre 2000 y 2007 ocurrieron en el país más de 6 mil casos de ejecuciones a manos de agentes policiales y militares, por los cuales investigaba a una cifra similar de uniformados.
La crisis carcelaria, la cual año a año se cobra en promedio 400 vidas en motines; o las fallas en el sistema de justicia, del cual dijeron “carece de independencia e imparcialidad y es ineficiente”, lo que provoca que ”la inmensa mayoría de los casos quedan en la impunidad y las víctimas no tienen acceso a la verdad y la justicia, ni a una reparación adecuada, además de ser con frecuencia hostigadas” fueron otros de los ejemplos señalados por las agrupaciones para sustentar su mala evaluación de la acción estatal.
Asimismo las organizaciones calificaron de “preocupante” el creciente clima “de hostigamiento e intimidación impulsado desde las más altas instancias del Estado contra los defensores de Derechos” y acusaron a las autoridades de incumplir la palabra dada a finales del año pasado al Comité contra la Tortura de la ONU en relación a que cesarían los ataques contra los activistas y garantizarían que pudieran realizar su labor sin problemas.
Por último, en el comunicado suscrito, entre otras por Amnistía Internacional, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de 1989 (Cofavic), Espacio Público, el Observatorio de Prisiones, Human Rigths Watch, la Vicaría Apostólica de Derechos Humanos de Caracas, el Observatorio Venezolano de Violencia, se afirma que la situación de los Derechos Humanos en Venezuela ha empeorado desde que el Gobierno decidió sacar al país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (lapatilla)