Por otra parte, La ONU ha calificado de “profundamente preocupante” el proceso de enjuiciamiento de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, la prohibición impuesta para que salga del país y la congelación de sus activos, al igual que la anulación de la designación del vicefiscal Rafael González.

“La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela el 28 de junio de iniciar los procedimientos para la destitución de la fiscal general, congelar sus activos y prohibir su salida del país es profundamente preocupante, al igual que lo es la continuada violencia” en la nación sudamericana, ha dicho Colville. “También nos inquieta la decisión del 27 de junio por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de declarar nulo su nombramiento, el del vicefiscal general y de designar en su lugar a un ‘numero dos’ temporal, violando los procedimientos de la legislación venezolana”, afirmó.

Igualmente Naciones Unidas ha denunciado la decisión de la Sala de asignar algunas de las funciones exclusivas de la fiscal general al defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab. “Desde marzo, la fiscal general ha dado pasos importantes para defender los derechos humanos, documentar las muertes durante la ola de protestas, insistir en la necesidad del debido proceso y la importancia de la separación de poderes, y ha apelado a la liberación inmediata de las personas que han sido arbitrariamente detenidas”, ha recalcado Colville. La ONU ha señalado que las decisiones del Tribunal Supremo “parecen vaciar” la oficina de Ortega del mandato y de las responsabilidades que debe ejercer conforme a lo estipulado en la Constitución venezolana y “socavar la independencia” de la fiscal.

“El cese de funcionarios judiciales debería estar sujeto a criterios estrictos que no socavan la independencia y la actividad imparcial de sus funciones”, ha subrayado el portavoz. Colville ha recalcado que, acorde a las directrices de la ONU sobre el papel de los fiscales, los países deben garantizar que estos profesionales puedan ejercer su labor “sin intimidación, obstaculización, acoso, interferencias inadecuadas o exposiciones injustificadas a responsabilidades civiles, parciales u otras”.

Según el balance de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, en Venezuela han fallecido 75 personas y 1.419 han resultado heridas en las protestas de la oposición contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Recientemente han sido asesinados presuntamente por miembros de las fuerzas de seguridad tres jóvenes manifestantes, dos por armas de fuego y uno por un bote de gas lanzado directamente por un policía.

Con EFE, Reuters, Euronews.